Fiscal reclama 12 años de prisión para Cristina Kirchner por asociación ilícita

El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque el fallo que mantuvo la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y se la condene además por asociación ilícita, lo que implicaría elevar la pena a 12 años de prisión.

También solicitó que se reviertan las absoluciones de Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y Nelson Perotti.

Críticas al fallo de Casación

Villar cuestionó duramente el pronunciamiento de la Cámara de Casación que había rechazado su recurso extraordinario, y que además ratificó la sentencia del tribunal oral que impuso una condena de seis años de prisión a la exmandataria y absolvió a De Vido de todos los cargos.

Según el fiscal, ese fallo es “arbitrario”, ya que no respondió de forma concreta a los planteos realizados ni por la fiscalía ni por las defensas, y lo hizo con afirmaciones que calificó de “dogmáticas”.

Argumentos legales del reclamo

El fiscal consideró que en el caso hay una violación clara de la ley penal sustantiva, particularmente en relación al artículo 210 del Código Penal, que define y sanciona el delito de asociación ilícita.

Afirmó que la estructura delictiva investigada en la causa cumplía con el requisito típico de una “pluralidad de planes delictivos”, ya que se cometieron múltiples defraudaciones, que fueron tratadas como si se tratara de un único delito continuado, algo que, según Villar, es “por demás discutible” y evidencia un caso de arbitrariedad que justifica la intervención de la Corte.

La situación de Julio De Vido

En el caso de Julio De Vido, el fiscal remarcó que su absolución por administración infiel se basó en una valoración arbitraria de la prueba y en el rechazo injustificado de evidencia clave. Por ello, pidió expresamente que se revoque esa decisión.

Relevancia institucional del caso

Villar insistió en que este expediente tiene dimensión federal y relevancia institucional, ya que se investigan hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y empresarios, lo que compromete el cumplimiento por parte del Estado argentino de los pactos internacionales que exigen perseguir la corrupción.

“La sentencia de Casación carece de fundamentos válidos y convierte el fallo en una decisión inválida”, sostuvo Villar, quien pidió que se haga lugar al recurso de queja y se habilite la instancia extraordinaria.

Próximos pasos

Ahora la Corte deberá darle vista al procurador general Eduardo Casal, quien deberá expresar si sostiene el planteo de Villar.

Luego, el máximo tribunal decidirá sobre el recurso de la fiscalía y también sobre los de los otros nueve acusados que presentaron quejas.