El Gobierno privatizará la concesión de rutas nacionales y restablecerá el cobro de peajes

El Gobierno nacional anunció la privatización de la concesión de las rutas administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A., como paso previo a su eliminación.

La medida, que busca transferir la gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas al sector privado, incluirá el regreso del cobro de peajes.

Un nuevo modelo de gestión vial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Explicó que las concesionarias operarán bajo un esquema de "obra pública por peaje", en el cual las empresas privadas serán responsables de financiar, ejecutar y mantener las rutas a cambio del derecho a cobrar peajes a los usuarios.

Para avanzar con este esquema, el Gobierno convocará a audiencias públicas en las próximas semanas, donde se definirán detalles del plan y las tarifas a implementar.

Estado crítico de las rutas

Adorni también hizo referencia a la situación de la red vial administrada por Corredores Viales.

Según informó, al inicio de la gestión de Javier Milei, el 45% de las rutas se encontraba en "estado malo o crítico", con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% en relación con la tarifa técnica.

En 2023, Corredores Viales registró una deuda con proveedores de $142.000 millones y acumuló pérdidas por $268.000 millones. Para sostener su funcionamiento, el Tesoro Nacional la asistió con $301.000 millones.

Licitación y concesión de rutas

El proceso de privatización estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Se lanzará el programa Red Federal de Concesiones, que licitará 9.145 kilómetros de rutas divididos en trece tramos. Estas vías representan el 20% de la red nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

Entre los tramos incluidos en la licitación están:

• Tramo I: Rutas 34 y 9, desde el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero hasta La Banda, Santiago del Estero (327,11 km).
• Tramo II: Ruta 188, desde Pergamino hasta el empalme con la RN 7 (90,01 km).
• Tramo III: Rutas 12 y 16, desde el empalme con la RN 123 hasta Posadas, Misiones (464,85 km).
• Tramo IV: Rutas 8, 36 y A005, desde Pilar hasta Villa Mercedes, San Luis (665,96 km).
• Tramo V: Rutas 19 y 34, desde el empalme con la RN 1 en Santo Tomé hasta Río Primero (280,20 km).
• Tramo VI: Rutas 9, 193, 34, A008 y A012, desde el empalme con la RP ex RN A024 hasta el empalme con la RN A-008 (214,52 km).
• Tramo VII: Rutas 3, 226 y 205, desde el fin de la autopista Ezeiza - Cañuelas hasta la intersección con la RN 226 (245,26 km).
• Tramo VIII: Ruta 7, desde el empalme con el Acceso Oeste en Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis (590,74 km).
• Tramo IX: Acceso Riccheri y Ezeiza - Cañuelas, desde la Av. General Paz hasta el Aeropuerto de Ezeiza (13,86 km).
• Tramo X: Ruta 5, desde Pascual Simone hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa, La Pampa (538,65 km).

Tarifas y condiciones para los nuevos concesionarios

El Estado establecerá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral basado en índices del INDEC.

Durante el primer año de concesión, las empresas deberán garantizar la puesta en valor de las rutas, con reparaciones y mejoras en banquinas, iluminación y señalización. A partir del segundo año, se habilitará el cobro de peajes.

El proceso de adjudicación priorizará a la empresa que ofrezca la menor tarifa para los usuarios. No habrá canon para el Estado ni subsidios para las concesionarias.

La privatización en el marco de la Ley de Bases

Corredores Viales es una de las empresas estatales incluidas en el Artículo 7 de la Ley de Bases para su privatización, junto con otras firmas como Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

Desde el Gobierno consideran que la empresa duplicaba funciones con la Dirección Nacional de Vialidad, lo que justificó su traspaso al sector privado.

Con este avance en la concesión de rutas, la administración Milei apuesta por una mayor participación privada en la infraestructura vial del país, buscando reducir costos fiscales y mejorar el estado de las rutas.