La Corte tiene la última palabra antes del remate de bienes en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 espera una definición de la Corte Suprema de Justicia para avanzar con la ejecución del decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad, que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados.

El monto fijado asciende a $685.000 millones y la medida incluye propiedades vinculadas a los condenados, entre ellas 19 inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

El TOF2 aguarda una respuesta clave de la Corte

A mediados de mayo, el tribunal consultó a la Corte si algunas de las propiedades alcanzadas por el decomiso serán destinadas al uso del máximo tribunal, del Consejo de la Magistratura o si podrá iniciarse el remate público.

La consulta fue realizada por Rodrigo Giménez Uriburu, actual juez de ejecución de la condena a seis años de prisión de la ex presidenta. Según el planteo, parte de los inmuebles podría ser asignada a la justicia federal, utilizada con fines sociales en Santa Cruz o vendida mediante subasta.

Además, la Corte debe resolver las quejas directas presentadas por la defensa de Cristina Kirchner, por Lázaro Báez y por otros condenados, que buscan frenar el decomiso ya confirmado sobre 111 propiedades.

Las propiedades que involucran a los hijos de Cristina Kirchner

En el caso de la ex mandataria, el punto inmediato gira en torno a 19 bienes que figuran a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Se trata de 10 departamentos, 2 casas en Río Gallegos y distintos terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en abril la validez del decomiso. En esa resolución, el tribunal sostuvo que la medida puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando hayan recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria.

El camarista Gustavo Hornos remarcó que el objetivo no es sancionar a los actuales titulares de los bienes, sino recuperar para el Estado activos vinculados con hechos de corrupción ya juzgados.

Una lista inicial de 111 inmuebles y otra tanda bajo análisis

El primer relevamiento de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani e incluye 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos. Todas fueron adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

También existe una segunda tanda de propiedades vinculadas a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que permanece bajo análisis del TOF2.

Entre los inmuebles mencionados aparecen la propiedad de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, señalado como residencia tradicional de la familia Kirchner.

La causa investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, relacionada con 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según el expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral Construcciones, de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.