Tres meses de suspensión para alumnos por bullying en Paso de la Patria

Una resolución judicial inédita en Paso de la Patria, Corrientes, ordenó la suspensión por 90 días de tres estudiantes acusados de hostigar de forma reiterada a una compañera de 17 años.

El juez a cargo del caso, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, adoptó esta medida preventiva tras evaluar pruebas que evidencian una situación de acoso escolar que se habría extendido incluso fuera del ámbito educativo.

Medida judicial para frenar el acoso escolar

La intervención provino del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes.

La decisión fue tomada luego de que la adolescente denunciara haber sido víctima de agresiones verbales y hostigamiento por parte de compañeros del colegio.

El juez Sánchez Martínez, tras analizar testimonios, audios y capturas de pantalla presentados como pruebas, consideró que existían indicios claros de un acoso persistente.

"El plexo probatorio, si bien escueto, es suficiente para acreditar una potencial situación de acoso escolar (bullying)", señaló en su resolución, y destacó la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger la integridad psicofísica de la joven.

Clases virtuales y prohibición de contacto

Entre las medidas dispuestas por el magistrado, se estableció que tres de los adolescentes implicados deberán continuar sus estudios de forma virtual durante tres meses.

También se les prohibió tener cualquier tipo de contacto con la víctima, tanto presencial como a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

El juez remarcó que el hostigamiento no se limitó a las aulas, sino que también se manifestó en redes sociales, lo que configura una forma de ciberacoso.

En ese sentido, explicó que el bullying implica una conducta repetida y un claro desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima.

“El acoso implica una repetición continuada de burlas o agresiones, que suelen ir en un espiral creciente de violencia y terminar produciendo la exclusión social de la víctima o una suerte de muerte civil”, explicó el magistrado.

Advertencias a la institución y seguimiento del caso

La resolución fue comunicada a las autoridades del colegio para que adopten las medidas necesarias dentro del ámbito educativo.

También se notificó a los adolescentes involucrados, sus tutores y responsables, a quienes se advirtió que el incumplimiento de las órdenes judiciales podría derivar en consecuencias penales.

Por último, el juzgado dejó abierta la posibilidad de tomar nuevas medidas si surgen elementos adicionales que lo ameriten, marcando así un precedente importante en el abordaje judicial del acoso escolar en la región.