Brasil prohíbe las apuestas online y pone en jaque al fútbol

Brasil comenzará este lunes una nueva etapa en su política sobre el juego: el Gobierno de Lula da Silva prohibirá las apuestas deportivas y los casinos online. La medida regirá nueve días antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre y alcanza también a la publicidad de las empresas del sector.

El presidente brasileño defendió el decreto como una decisión “dura, drástica y necesaria” para asistir a las familias endeudadas y combatir la ludopatía. La norma fue recibida con respaldo social, pero provocó críticas de clubes que dependen de los patrocinios vinculados con las apuestas.

El fútbol, ante un golpe de u$s 200 millones

El impacto económico sobre el fútbol aparece como uno de los principales focos de conflicto. Al menos 13 de los 20 equipos de primera división tienen acuerdos comerciales con compañías de apuestas por unos u$s 200 millones anuales en conjunto.

Flamengo advirtió que el cambio alcanzará al fútbol profesional, las divisiones de base y la competencia femenina. Fluminense reclamó una transición que permita adaptarse al final de los patrocinios. Los clubes también alertaron que las plataformas clandestinas podrían ocupar el espacio que dejen las empresas reguladas.

Una prohibición con respaldo y trámite pendiente

Un sondeo de AtlasIntel indicó que el 75% de los brasileños respalda la prohibición. El decreto fue instrumentado como una medida provisional y deberá ser ratificado por el Congreso dentro de un plazo de 120 días.

Las entidades del sector sostienen que la decisión puede empujar a los usuarios hacia sitios clandestinos sin controles suficientes. Frente a ese riesgo, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, anunció un proyecto para convertir en delito la explotación ilegal de apuestas y reforzar la lucha contra el juego clandestino.

El mercado legal queda en transición

El giro modifica la política aplicada durante el propio gobierno de Lula, que había regulado la actividad y habilitado un mercado legal desde 2025. Ese año, unos 25 millones de brasileños apostaron 220.600 millones de reales, mientras que la recaudación tributaria llegó a unos 9000 millones de reales.

El Gobierno estableció una transición hasta el 6 de octubre, dos días después de la primera vuelta. Los usuarios podrán retirar sus fondos hasta el 5 de octubre y las autoridades prevén devolver 1700 millones de reales. Lula sostiene que la expansión de las apuestas agravó el endeudamiento y los problemas financieros de los hogares.